CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL
En el actual mercado laboral español, la subcontratación, la
interinidades en las administraciones y la externalización de los
servicios públicos están incidiendo negativamente y cada vez de una
manera más preocupante en un mantenimiento injusto del trabajo en
precario. Esta precariedad, que sigue siendo grave en el sector público,
alcanza límites intolerables en el sector privado, y tanto en unos casos
como en otros asistimos al abuso de los contratos parciales y
temporales, donde la continua rotación de personal en puestos de trabajo
estable incumple el justo principio de que a un trabajo estable le debe
corresponder un empleo fijo.
Por ello, la Confederación Intersindical exige:
- Que todas las Administraciones Públicas pongan en marcha procesos
reales de consolidación de empleo de tal forma que la inestabilidad
laboral no se prolongue más de dos años.
- Valoración adecuada de la experiencia laboral y de la antigüedad en el
empleo.
- Derecho para todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente
de su situación laboral, a una formación continuada que garantice la
cualificación, la promoción profesional y un mejor servicio a la
ciudadanía.
- Conversión de los puestos de trabajo externalizados y subcontrados en
puestos estructurales.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 1
Sobre la LEY de Atención a las Personas Dependientes
El Pleno del IX Congreso de la Confederación Intersindical denuncia
la resistencia planteada por algunas Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos en la tramitación y aplicación de las ayudas devenidas de
la LEY DE DEPENDENCIA.
Diferentes CCAA gobernadas por el Partido Popular no han enviado los
datos referidos a “grandes dependientes” al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. Podemos afirmar que estos gobiernos están empleando
las políticas sociales en su particular guerra de resistencia contra las
propuestas del Gobierno Central: no se han realizado campañas
institucionales de divulgación, no se ha informado de que este año sólo
pueden solicitar prestaciones los grandes dependientes, es decir, las
personas encamadas. Por otra parte, el personal de los diferentes
servicios sociales no ha recibido criterios para la elaboración de los
informes de dependencia y no disponen de la información necesaria para
explicar a los usuarios en qué consiste la prestación.
Las trabajadoras y trabajadores sociales se encuentran en el más
absoluto abandono y sin referencias, sabiendo que podrían ayudar
significativamente a sus usuarios si se estuviera aplicando la Ley y
empleando los fondos económicos destinados a ella.
El Pleno del IX Congreso de la Confederación Intersindical RECHAZA el
uso de los derechos de las personas dependientes en el enfrentamiento
partidista y DEMANDA la inmediata aplicación de la LEY DE DEPENDENCIA en
todos los territorios del Estado.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 2
Sobre la Protección del Litoral
El Pleno del IX Congreso de la Confederación Intersindical exige la
paralización inmediata de los proyectos urbanísticos que amenazan con
asolar la franja litoral y los territorios isleños.
Mientras el derecho a la vivienda sigue sin ser una realidad,
numerosos macroproyectos urbanísticos dedicados a segunda vivienda están
dejando nuestras costas enterradas en cemento y sin posibilidad de
recuperación, acabando con los recursos naturales terrestres y
marítimos.
El IX Congreso de la Confederación Intersindical DENUNCIA las leyes
de suelo de las diferentes CCAA que actúan sin considerar el suelo y los
recursos naturales como bien escaso, y los planes urbanísticos de los
ayuntamientos que lejos de solucionar el problema de la vivienda
contribuyen a la especulación, la corrupción inmobiliaria y el
incremento desenfrenado de los precios.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 3
Sobre el derecho a la JUBILACIÓN ANTICIPADA Y PARCIAL POR LEY
Por su inclusión en el ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO Y EN EL
PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.
El IX Congreso de la Confederación Intersindical denuncia la
discriminación sobre el derecho a la Jubilación Anticipada que establece
el EBEP con el personal al servicio de las Administraciones Públicas con
régimen de Seguridad Social.
Una discriminación que es doble: por un lado, con respecto a los
propios compañeros y compañeras adscritos al régimen de clases pasivas,
que tienen reconocido el derecho a la jubilación anticipada a partir de
los 60 años de edad, con el 100% de la pensión si tienen 35 años de
cotización. Y por otro, con respecto al resto de trabajadoras y
trabajadores sujetos al régimen de Seguridad Social, que tienen la
opción de jubilarse anticipadamente a partir de los 61 años de edad.
Así mismo, el IX Congreso de la Confederación Intersindical EXIGE el
reconocimiento del derecho a la Jubilación Parcial, con el 100% de las
retribuciones a partir de los 55 años.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 4
Sobre el derecho a la CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL ANUAL PARA TODOS LOS
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
Por su inclusión en LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2008, en
el caso de los empleados públicos, y por su inclusión en TODOS LOS
CONVENIOS COLECTIVOS.
El IX Congreso de la Confederación Intersindical quiere aprovechar la
tramitación parlamentaria de los PGE 2008, así como la revisión de los
diferentes CONVENIOS COLECTIVOS firmados en los diferentes ámbitos
laborales, para REIVINDICAR EL ESTABLECIMIENTO DE UNA CLÁUSULA DE
REVISIÓN SALARIAL que garantice la estabilidad de los salarios y el
mantenimiento del poder adquisitivo.
RESOLUCIÓN 25 de Noviembre
Día internacional contra la violencia hacia las mujeres
A dos años de la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, y a pesar de los esfuerzos
legislativos, judiciales y policiales, el número de mujeres asesinadas
en nuestro país a manos de sus parejas o ex-parejas no sólo no
disminuye, sino que parece ir en aumento. Durante este año, ya son 64
las mujeres asesinadas por sus parejas. Las expectativas que se habían
depositado en la Ley no han dado el fruto esperado y muchas mujeres
siguen siendo agredidas en igual o mayor medida y siguen encontrando
todo tipo de obstáculos a la hora de ser atendidas.
Estamos viendo que estas situaciones de desigualdad y de violencia no
se están corrigiendo sólo con medidas de carácter penal. Es necesario
combatir los valores y estereotipos que aún permanecen en nuestra
sociedad y sustituirlos por otros basados en la dignidad de todos los
seres humanos, sean mujeres o hombres, e insistir en las medidas
preventivas de carácter educativo, formando y educando en la igualdad y
en una convivencia pacífica y democrática a nuestros hijos e hijas, a
nuestras alumnas y alumnos. Sólo de esta manera se construirá una
sociedad más justa e igualitaria en la que sea posible la igualdad
efectiva y la convivencia pacífica entre hombres y mujeres.
Ante esta situación, esta Confederación Intersindical RESUELVE
manifestar una vez más nuestro más profundo rechazo a la violencia
contra las mujeres y, por ello, se anima a todas la personas que
integramos esta Confederación sindical a participar de forma activa en
los actos que tendrán lugar el 25 de noviembre, día Internacional contra
la violencia hacia las mujeres.
La Intersindical de Aragón y STEA-intersindical, plantea una
Resolución a este Congreso contra una base de espionaje OTAN en
Zaragoza:
El IX Congreso de la Confederación Intersindical, celebrado en
Salamanca, los días 15 a 18 de noviembre de 2007, rechaza la ubicación
en Zaragoza, o en cualquier otro lugar, de una base de espionaje al
servicio de la OTAN.
Los gobiernos estatal y autonómico nos lo quieren vender como un avance
tecnológico de primer orden que potenciará la creación de empleo, cuando
en realidad se trata de avanzar en la militarización de la sociedad
frente a la resolución pacífica de los conflictos.
Asimismo solicitamos a las organizaciones sindicales presentes en el
Congreso que en sus medios de comunicación (web, prensa, etc.), se
adhieran a la campaña de espacios antiOTAN.
RESOLUCIÓN:
Llamada a un Día de Movilización y Acción Global el
26 de enero 2008
El Consejo Internacional del Foro Social Mundial, ha propuesto un
proceso de movilización y debate que culminará en enero de 2009 en Belém
(Amazonia, Brasil). Un Foro en el que las luchas, campañas, temas y
cuestiones que emergen de lo local deberán ser referencia tanto en su
contenido como en el proceso de organización.
Es por ello que este proceso pasará por la celebración de Foros
Regionales y Sectoriales durante 2008 y una semana de Movilización y Día
de Acción Global a celebrar el 26 de enero de 2008.
Hoy, son ya mas de 1.600 organizaciones e individuos de todo el mundo,
entre ellas la Confederación de Stes- Intersindical y algunos de
nuestros sindicatos, que ya han firmado el manifiesto de adhesión,
comprometiéndose a organizar actividades en la Semana del 26 de enero de
2008.
El Congreso de la Confederación Intersindical, consciente del
significado de esta llamada, se adhiere a la misma y anima a las
diferentes organizaciones que forman parte de la Confederación, a
construir y proponer actividades y Foros conjuntamente con otros
movimientos sociales de su territorio.
RESOLUCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO POR MATERNIDAD
EN LA NORMATIVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
En la recta final de la legislatura, el gobierno ha emprendido una
campaña de promoción y fomento de la natalidad con incentivos económicos
de 2500 euros por nacimiento de hijos/as. Estas medidas, claramente
electoralistas, se entienden mal cuando fallan las medidas de
conciliación de la vida laboral y familiar en lo referente al cuidado de
hijos e hijas y cuando se penaliza a las mujeres por la maternidad en el
acceso al empleo.
Tal como se ha denunciado desde la Organización de Mujeres de la
Confederación Intersindical, la normativa de la Seguridad Social
equipara el permiso por maternidad a una baja por enfermedad,
englobándolas en las ILT (Incapacidad Laboral Transitoria). Esto implica
que las mujeres no pueden acceder a contratos de trabajo cuando están de
permiso por maternidad.
Esta injusticia y penalización de la maternidad se comete en todos los
ámbitos laborales y perjudica notablemente los derechos de las mujeres,
a pesar de que el Tribunal Constitucional considera discriminación por
razón de sexo los tratos desfavorables en el trabajo por embarazo o
maternidad, a pesar de que hay instrumentos jurídicos de alcance
internacional y de Derecho comunitario que así lo consideran y a pesar
de que la Ley de Igualdad aprobada el pasado mes de marzo recoge en su
artículo 8 que constituye discriminación directa por razón de sexo todo
trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la
maternidad.
Por todo ello, la Confederación Intersindical RESUELVE denunciar la
grave discriminación por razón de sexo que supone la aplicación de la
normativa de la Seguridad Social en lo relativo al permiso por
maternidad y empleo y, por ello, exigir que se deroguen de forma
inmediata todos estos aspectos de la normativa de la seguridad social
por ser discriminatorios para las mujeres.
Propuesta de Resolución
presentada por Intersindical Valenciana, contra la violencia FASCISTA
El pleno de este noveno congreso, denuncia una vez mas los ataques y la
violencia fascista y hoy mas que nunca y dada la proliferación de
organizaciones de este tipo, esta respuesta ha de ser firme e inmediata.
Por ello exigimos a las autoridades correspondientes una respuesta
contundente a estas agresiones xenófobas, racistas, homófonas y
totalitarias.
Propuesta de Resolución
presentada por el STECLM-intersindical
STES-I PIDE A LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE TRANSFIERAN A EDUCACIÓN LAS ESCUELAS
INFANTILES DE 0-3 AÑOS
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ha supuesto, en
relación con la LOCE, recuperar el carácter educativo de la etapa de
Educación Infantil de 0 a 3 años, pero la cesión a las Administraciones
Educativas de su total regulación, en todo lo referido tanto a
currículum como a requisitos mínimos de los centros, ratios y
profesionales, convierte a esta etapa en la única del conjunto del
sistema educativo dónde esto ocurre, lo que puede ocasionar un
tratamiento muy diferente a esta etapa dependiendo de cómo la entiendan
las diferentes administraciones, pudiendo quedar, en algunos casos, sin
una regulación que asegure unos mínimos de calidad y gratuidad, lo que
daría lugar a una discriminación tanto para el alumnado como para las y
los profesionales que trabajan en la etapa.
STES-i, que forma parte de la Plataforma Estatal en Defensa del Ciclo
0-3 años, ya ha pedido al Gobierno que elabore y publique un Real
Decreto en el que se contemplen los requisitos mínimos de los centros,
ratios y profesionales y la parte del currículum correspondiente al
Estado, ligándolo al publicado Real Decreto para la etapa de 3 a 6 años,
reconociendo el carácter unificado de ambas etapas.
Reclamamos ahora al conjunto de las administraciones públicas del
Estado que, considerando el carácter educativo que le da a esta etapa la
Ley Orgánica de educación, transfieran a sus respectivas Consejerías de
Educación los Centros o Escuelas Infantiles de 0 a 3 años que dependen
de otras Consejerías.
RESOLUCION EN DEFENSA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA
La Confederación Intersindical, firme defensora de unos servicios
públicos de calidad, ante la situación que está sufriendo el Sistema
Público de Educación en el Estado Español
RESUELVE:
Denunciar el desmesurado crecimiento del sector privado en Educación,
lo cual supone un caso digno de mención en el contexto europeo. Esta
situación se viene agravando con las últimas leyes en materia educativa
que han permitido que los conciertos y la externalización de servicios
públicos hayan aumentado en los últimos años de forma alarmante. La LOCE
primero y después la LOE han abierto la puerta de par en par a la
concertación masiva del primer ciclo de la Educación Infantil y a la
concertación de Bachilleratos y ciclos de FP en varias CCAA . El
reciente acuerdo alcanzado por PSOE e IU sobre el tramo 0 a 3 no
garantiza en ningún caso que las inversiones vayan destinadas a la red
pública. También se pierde la oportunidad de regular esas enseñanzas y
de que su profesroado pueda integrarse en la red pública.
El total de alumnado escolarizado en centros privados y concertados
sigue creciendo en el conjunto del Estado. En muchas CCAA, el abandono
político y presupuestario de la Enseñanza pública es moneda común. La
definanciación del sistema público de educación, la cesión de terreno
público para construir colegios privados, la masificación de muchos
centros educativos y la concentración de alumnado socialmente
desfavorecido marcan las políticas educativas de buena parte de las
comunidades autónomas.
La escasa inversión en materia de educación,- en torno al 4,7% del
PIB, está muy dlejos de lo que reivindicamos desde la Confederación
Intersindical, es decir, un 7% del PIB. Dentro de sta escasa inversión,
cada vez corresponde menos a la Red Pública, dada la consideración que
los centros privados tienen en el nuevo marco normativo ( LOE y LODE).
En el caso de la Universidad, el crecimiento de la oferta en
Universidades privadas y la extensión incontrolada de la venta de
títulos por Internet, junto con la externalización y privatización de
numerosos servicios, pone cada vez más a este sector estratégico en
manos de patronatos donde las empresas y grands corporaciones marcan la
pauta. la entrada en vigor del Espacio Europeo de Enseñanza Superior
puede llegar a suponer un incremento de la competitividad entre
Universidades que puede abocar al cierre de las más débiles y a la
desaparición de titulaciones no "rentables" desde el punto de vista
empresarial.
La privatización y externalización de servicios como limpieza o
comedor y la introducción de criterios de gestión empresarial dentro del
sistema público de enseñanza, se están produciendo, lamentablemente con
la complicidad de quienes debieran defender los servicios públicos. Los
lamentables apoyos que fuerzas sindicales, políticas y sociales han ido
dando a las leyes educativas y a sus desarrollos contrastan con
declaraciones públicas reservadas para los días de fiesta.
Desde la Confederación Intersindical, en este Congreso de Salamanca,
queremos hacer un llamamiento a todas las personas que defienden los
servicios públicos como arantes de una sociedad más justa, y más
democrática a unirse a nosotros y nosotras y a denunciar y movilizarse
ante cualquier nueva agresión contra la escuela de todos y de todas.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR SUATEA
RESOLUCIÓN EXTRAORDINARIA
Como desarrollo de lo contemplado en la disposición final de los
Estatutos, las lenguas oficiales de la Confederación Intersindical son
aquellas contempladas en los Estatutos de las organizaciones
confederadas.
POR LA HOMOLOGACIÓN SIN CONTRAPARTIDAS DEL PROFESORADO NO UNIVERSITARIO
DE CANARIAS
El STEC-IC, junto con el resto de organizaciones sindicales con
presencia en el ámbito de la Educación Pública Canaria, han impulsado
desde el curso pasado un intenso proceso de movilizaciones en demanda de
la Homologación sin contrapartidas del profesorado canario con el resto
de empleados públicos con igual categoría y titulación de nuestra
Comunidad Autónoma. Dicha reivindicación ha obtenido un amplísimo
respaldo entre los 25000 docentes de Canarias reflejado en el masivo
seguimiento obtenido por las cuatro jornadas de huelga celebradas hasta
la fecha, en el ámbito de la Educación Pública Canaria, así como en las
últimas manifestaciones celebradas en todas las capitales insulares,
durante el pasado 8 de noviembre y resto de acciones desarrolladas.
El derecho a la homologación retributiva del profesorado canario fue
reconocido en el año 1991 por el Gobierno y el Parlamento de Canarias a
través de la correspondiente norma legal que permitió homologar al
conjunto de los docentes de canarios en el transcurso del periodo 1991 –
1995. Sin embargo, desde este último año hasta la fecha, las
retribuciones de los docentes canarios adscritos a la Consejería de
Educación del Gobierno de Canarias se han quedado estancadas en relación
a las de los compañeros y compañeras del resto de consejerías
Autonómicas. Ello ha conducido a una verdadera discriminación
retributiva que ciframos actualmente en una diferencia mínima de 400
euros brutos mensuales, entre el salario de un docente canario y el de
un funcionario de cualquier otra Consejería con igual titulación y
categoría. Dicha diferencia, tomando como referencia la totalidad de la
vida laboral de un docente, resulta similar respecto a la media de las
retribuciones de los docentes del Estado Español.
Ante las reiteradas propuestas de diálogo y negociación, puestas
sobre la mesa por el STEC-IC y el Comité de Huelga al objeto de
dignificar las retribuciones del profesorado canario, la Administración
Educativa y el Gobierno de Canarias, sustentado por el pacto de derechas
conformado por Coalición Canaria y el Partido Popular, ha mostrado su
lado más reaccionario situándose en posiciones de absoluta
intransigencia al negarse reiteradamente a abrir una mesa de negociación
real y efectiva que, desde el consenso y el diálogo, conduzca a una
solución razonable del conflicto planteado. Muy por el contrario, en las
difusas propuestas realizadas por los representantes de la
Administración, siempre ha estado presente el intento de vincular la
demanda de homologación con inaceptables contrapartidas así como con el
futuro Estatuto Docente.
Dentro de una clara estrategia de vincular la Educación Pública con
la conflictividad y el fracaso escolar, al objeto de ir generando
condiciones sociales que justifiquen su progresivo desmantelamiento en
favor del sector privado, el Gobierno de Canarias ha optado por
alimentar la confrontación y la crispación frente al diálogo y la
moderación. Prueba de esto último ha sido la reciente publicación, en
todas las contraportadas de la prensa escrita de Canarias, de un
remitido a toda página sufragado con fondos públicos (con un gasto
cercano a los 40000 euros) dirigido a los padres y madres de nuestro
alumnado, plagado de datos inciertos e injurias hacia los 25000 docentes
de Canarias, en un claro intento de confrontarnos y desacreditarnos
frente a los padres y madres y al conjunto de la sociedad en general.
Tal inaudito e irresponsable proceder, sin precedentes en la reciente
historia de Canarias, ha merecido la mayor de las repulsas desde nuestra
organización y del conjunto del profesorado canario amén de las
correspondientes demandas por injurias y posible uso fraudulento de
fondos públicos, junto con la exigencia de dimisión inmediata de la
máxima responsable de la Consejería de Educación. Ello, además, ha
supuesto la concreción de nuevas medidas de presión por parte del Comité
de Huelga que conducirán, si no media acuerdo previo, a la paralización
de la Educación Pública Canaria durante el segundo trimestre del curso
escolar.
En función de todo lo anterior, el IX Congreso de la Confederación
Intersindical acuerda:
1.- Denunciar la actitud de irresponsabilidad e intransigencia de la
Consejería de Educación y del Gobierno de Canarias en su conjunto, al
negarse a iniciar un proceso de diálogo que pueda conducir en un tiempo
prudencial a una solución razonable y negociada del conflicto planteado.
2.- Denunciar la inaudita actitud de irresponsabilidad adoptada por
la actual Consejera de Educación del Gobierno de Canarias consecuencia
directa del interés existente, entre los sectores reaccionarios de
nuestro archipiélago, por desacreditar y desestabilizar el Servicio
Público Educativo.
3.- Apoyar la demanda de dimisión o cese inmediato de la máxima
responsable de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias
realizada por el STEC-IC y el Comité de Huelga en su conjunto.
4.- Apoyar la justa demanda de homologación sin contrapartidas de los
docentes canarios, con el resto de empleados públicos de igual categoría
y titulación de la Comunidad Autónoma Canaria. En este sentido, animamos
a todo el profesorado canario a continuar luchando por la calidad
educativa de la Escuela Pública Canaria, la paralización del Estatuto
Docente y la consecución de la justa reivindicación de Homologación sin
contrapartidas del profesorado canario.
RESOLUCIÓN
La Organización de Jubilados del STERM-La Intersindical propone al IX
Congreso de la Confederación Intersindical la petición al Ministerio de
Administraciones Públicas de un trato equitativo y no discriminatorio
para los funcionarios jubilados con respecto a los jubilados del Régimen
General de la Seguridad Social.
Exigimos la exención de la aportación que los funcionarios jubilados
tienen que sufragar por la adquisición de medicamentos, que es la misma
que la de su vida activa, sin tener en cuenta su nueva situación con
ingresos inferiores y una implacable e inevitable mayor exigencia de
tratamientos médicos y farmacológicos por razones evidentes de la edad.
RESOLUCIÓN
La Organización de Jubilados del STERM-La Intersindical propone al IX
Congreso de la Confederación Intersindical la potenciación dentro de la
estructura de cada uno de los sindicatos de la Confederación de la
existencia de una Organización de Jubilados que contemple la situación
de este colectivo, cada vez con mayor peso en la sociedad, de manera que
haga posible sus aportaciones de todo tipo en el seno del Sindicato:
ayuda en planes de formación del sindicato, asesoramiento pedagógico,
trabajo administrativo, de representación en Consejos Escolares de
Localidad, Región… y cualquier otra en la que pudieran ser útiles y, a
la vez, el Sindicato defienda sus reivindicaciones como colectivo.
RESOLUCIÓN SOBRE EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN
Tras la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y
la intención mostrada por algunos gobiernos autonómicos de restringir
los ámbitos de debate y negociación a las Mesas Generales de Función
Pública, la Confederación Intersindical muestra su rechazo y gran
preocupación ante los recortes de los derechos a la negociación que el
personal empleado público está padeciendo.
En efecto, la ambigua redacción del Estatuto Básico de los Empleados
Públicos sobre la convocatoria de Mesas Sectoriales está siendo
utilizada por algunas Administraciones para no convocar estas Mesas y
por lo tanto para hurtar la representación que corresponde al
profesorado, al personal sanitario y al de administraciones públicas.
Por ello, la Confederación Intersindical
RESUELVE
Instar a todas las Administraciones a constituir dichas Mesas
Sectoriales, por ser en estas Mesas donde se sientan las y los legítimos
representantes de empleadas y empleados públicos y, por consiguiente, en
las que deben negociarse todas las cuestiones relativas a sus
condiciones laborales y salariales.
EN DEFENSA DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE POR FERROCARRIL Y EL
REFLOTAMIENTO DE SUS EMPRESAS PÚBLICAS
La Confederación Intersindical, que propugna entre sus fines la
defensa de un modelo alternativo de Servicios Públicos como garante de
los derechos de una sociedad más solidaria e igualitaria, al servicio de
ella y gestionados democráticamente, ante el importante papel que el
transporte desempeña en su desarrollo y por nuestro compromiso de
actuación en todos los sectores en que desarrollamos nuestra acción
sindical, adoptamos la siguiente
RESOLUCIÓN
Reivindicamos un sistema de transporte que responda a las necesidades
de movilidad de toda la población independientemente de su situación
geográfica, su poder adquisitivo, sus limitaciones físicas, etc. y en
consecuencia reivindicamos un ferrocarril de calidad que favorezca la
cohesión territorial, extienda y priorice la atención a las necesidades
de las más amplias capas de población en su actividad diaria, sea
accesible económicamente y elimine cualquier tipo de barreras físicas
que limiten su accesibilidad.
Para ello estimamos necesario una redistribución del actual esfuerzo
inversor público que potencie las actuales líneas de ferrocarril
convencional y reapertura de las cerradas (Cierre del arco mediterráneo,
Vía de la Plata, etc.) junto con otras nuevas de trazado transversal que
conformen una malla de infraestructuras ferroviarias que sea equitativa
en los ámbitos geográfico y económico frente a la actual política de
inversiones exclusivamente en Alta Velocidad que provoca, entre otros
aspectos negativos, un enorme desequilibrio entre áreas geográficas y
entre el ámbito urbano y el rural.
Que potencie también el desarrollo de redes urbanas y metropolitanas
que presten un servicio suficiente, asequible y de calidad a la
ciudadanía en sus desplazamientos de la actividad diaria, lo que
facilitará la redistribución de rentas (disminuyendo la exclusión
social) y la disminución de la congestión del tráfico, aminorando las
consecuencias de ésta sobre la contaminación ambiental, la disminución
del tiempo de ocio de amplias capas de población y la dependencia
exterior en materia energética, en contraposición al actual diseño del
ferrocarril encaminado a satisfacer las necesidades frecuentes de un
menor sector de población (en su mayor parte pertenecientes a las elites
del entramado empresarial y productivo) y los desplazamientos
esporádicos de solamente aquellos que económicamente puedan acceder.
Porque los objetivos de lo que reivindicamos favorecen
inequívocamente el interés general y éste debe constituir la máxima
prioridad y ser el deber fundamental de los poderes públicos, entendemos
que éstos deben acometer su implantación y su desarrollo y
responsabilizarse directamente de la prestación de los servicios que
conllevan, sin intermediarios ni delegación total ni parcial.
Por lo tanto exigimos y con nuestra acción sindical defenderemos que
el ferrocarril sea un servicio público de propiedad y gestión pública
fortaleciendo, además, la integración de los servicios del transporte
por ferrocarril en la gestión de las políticas sociales y de
accesibilidad de las distintas administraciones (estatal, de
nacionalidad, comunidad autónoma y municipal) para una planificación mas
acorde, y una mejor adecuación de las prestaciones, a los problemas
específicos de cada ámbito.
Y por que entendemos que el servicio público de transporte por
ferrocarril debe prestarse con las mayores garantías posibles de
calidad, eficacia y seguridad, y que su rentabilidad debe calcularse
exclusivamente desde los beneficios sociales que aporta y nunca desde
los beneficios económicos que puedan obtener las empresas que prestan
dicho servicio, defenderemos que las actuales empresas ferroviarias
sigan siendo públicas e, invirtiendo la actual tendencia, sean dotadas
de los recursos humanos y técnicos suficientes para desarrollarse y
prestar más eficazmente su servicio a la sociedad y defenderemos que a
ellas deberá ser encomendado por las distintas administraciones cada una
en su ámbito de gestión.
TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE
Contra la destrucción del medio ambiente y la degradación de la
naturaleza.
Por unos medios de transporte menos agresivos para el entorno social y
natural
Los Delegados y Delegadas al Congreso Constituyente de la
Confederación Intersindical, comprometidos en la lucha contra la
destrucción del medio ambiente y la degradación de la naturaleza, en
especial en aquellos ámbitos en los que desarrollamos nuestra actividad
sindical y en los que la preservación del entorno ecológico es una de
nuestras prioridades, tras considerar:
Que una de las más importantes agresiones a nuestro medio natural
proviene de las emisiones de gases de efecto invernadero y que éstos,
mayoritariamente, proceden del abusivo consumo de combustibles fósiles.
Que del consumo de energía final en el Estado español, casi un 40%
pertenece al transporte, superando a la industria (31%), al consumo
residencial (17%) y al sector servicios (9%).
Que el 99% del consumo de carburantes del transporte proviene de
los derivados del petróleo (cerca de un 70% del petróleo importado es
para este sector) y solamente un 1% se cubre con electricidad, que
abastece al ferrocarril.
Que el 20% de la energía eléctrica consumida proviene de la
producción hidroeléctrica y el 80% de fuentes termoeléctricas
(incluyendo las nucleares).
Que del consumo energético total del transporte, más del 80 % es
del transporte por carretera, el 13% del aéreo, el 4% del marítimo y el
3% del ferroviario.
Que la eficiencia energética del ferrocarril es muy superior a la
de los otros modos más utilizados actualmente, como el transporte por
carretera y el aéreo que consumen, respectivamente, 4 y 30 veces más
energía que el ferrocarril por unidad transportada.
Que además de la influencia sobre los indicadores de cambio
climático y contaminación atmosférica, se deben tener en cuenta otros
aspectos, no menos importantes, como son la degradación del entorno
natural, accidentalidad, contaminación acústica, etc. y que, junto a los
primeros, conforman los denominados costes externos del transporte que
permiten cuantificar el impacto sobre la sociedad y el medio ambiente.
Que según estudios realizados en Europa para la UIC, el tren genera
5 veces menos costes externos que el transporte de mercancías por
carretera, 3 veces menos que el de viajeros por carretera y 2 veces
menos que la aviación civil.
Entendiendo que las actuaciones necesarias para conseguir minimizar
el impacto del transporte en nuestro entorno son de índole más compleja
y deben abarcar aspectos como la política de equilibrio territorial y de
asentamientos poblacionales con la correspondiente dotación de
infraestructuras y servicios básicos en un entorno de proximidad. O con
la organización de la producción dimensionada, ubicada y ajustada
atendiendo a las peculiaridades de consumo de cada centro de población.
O con otras actuaciones, todas ellas orientadas a reducir al máximo las
necesidades de transporte, favoreciendo la máxima accesibilidad con la
mínima movilidad, para invertir la tendencia actual que favorece la
movilidad obligada.
Entendiendo, por lo tanto, que los aspectos anteriormente
relacionados son un aspecto del problema y las soluciones representan,
en consecuencia, una parte de las mismas, pero atendiendo al entorno
inmediato de la actividad sindical de algunos de nuestros Sectores
abordamos como líneas de reivindicación y de acción sindical las
recogidas en la presente
RESOLUCIÓN
La Confederación Intersindical defenderá e impulsará el reequilibrio
del actual reparto modal del transporte en los distintos ámbitos, de
forma que se potencien los modos menos agresivos para el entorno social
y natural a través, entre otras, de las siguientes acciones:
Impulsará el transporte ferroviario y marítimo para el transporte
internacional de mercancías y para el interurbano de viajeros
potenciando su desarrollo y aumentando el nivel de integración
intermodal.
De igual manera reivindicará el transporte colectivo en el ámbito
urbano, mediante la extensión y mejora de las redes de Cercanías
ferroviarias, metros y tranvías, de los accesos del transporte colectivo
a los centros de actividad sanitaria, educativa, industrial, ocio, etc.
y mediante el apoyo financiero y la integración administrativa
(consorcios), tarifaria (títulos integrados de transporte) y física
(intercambiadores).
Impulsará los espacios y modos urbanos no motorizados reivindicando
zonas peatonales, carriles y aparcamientos adecuados para bicicletas.
Reivindicará el reparto inversor en infraestructuras y material
ferroviario de forma que se mejore y potencie la red convencional,
terminando la actual polarización en torno al tren de alta velocidad.
Impulsará la electrificación total de la red ferroviaria.
Reivindicará la “garantía de origen” del suministro eléctrico para
metros, tranvías y trenes para potenciar la utilización de las
tecnologías más eficientes en generación eléctrica, térmica no nuclear y
de las energías renovables (generación por biomasa, energía solar,
fotovoltaica, eólica, etc.)
Resolución de la Confederación Intersindical contra la siniestralidad
laboral
1350 trabajadores perdieron la vida en su puesto de trabajo en 2006.
En lo que va de año ya se han registrado más de un millón de accidentes
y más de 460 personas han perdido la vida trabajando de enero a mayo. La
Confederación Intersindical reitera su denuncia de esta dramática
situación que se viene repitiendo en los últimos 10 años y exige que el
trabajo no sea causa de muerte o enfermedad para ningún trabajador ni
trabajadora.
Desde la Confederación de STEs-Intersindical exigimos el cumplimiento
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la adaptación de una
nueva cultura preventiva en la que las empresas consideren la seguridad
y salud laboral como algo absolutamente prioritario en su estrategia
empresarial.
Cambiar el modelo económico imperante y sus objetivos últimos de
beneficios a costa de cualquier cosa, está en la base fundamental de los
factores que inciden sobre la siniestralidad.
El Gobierno y las Comunidades Autónomas deben poner fin a prácticas
habituales de los empresarios que provocan condiciones de trabajo
penosas y que son las que finalmente terminan en tragedia: la
contratación ilegal, la precariedad y temporalidad en el empleo -la
incidencia de los accidentes laborales es el doble entre las
trabajadoras y trabajadores con contrato temporal-, el abuso de
subcontratas para burlar las obligaciones legales -entre otras en
materia de prevención de riesgos laborales-, la falta de formación de
los trabajadores/as y las que se derivan del propio modelo económico -
presión desmesurada en los ritmos de trabajo, violencia en el lugar de
trabajo- o el incumplimiento sistemático de la normativa de prevención
de riesgos laborales, entre otras.
Resolución sobre la criminalización de las luchas sociales y laborales
En los últimos tiempos vemos como la legislación se endurece para las
trabajadoras y los trabajadores, entre otras, a través de la aplicación
de leyes concebidas en el ámbito de la lucha antiterrorista que son
aplicadas por los tribunales a los conflictos laborales.
Por otro lado, los cuerpos policiales se dedican a la creación de
pruebas contra personas que han sufrido abusos, para justificarlos y
evitar sus posibles repercusiones, haciendo aparecer a las víctimas como
culpables.
Estas situaciones, hace algunos años inconcebibles, se están
generalizando en el mundo laboral con casos como el de Candido y Morala,
Luisito de CGT, piquetes del PCE, o incluso compañeros y compañeras de
la Confederación Intersindical, así como en otras protestas de carácter
ecológico o estudiantil.
La mayoría de los casos son tan flagrantes que se solventan por medio
del indulto, o por la entrada en un limbo a la espera de este. Durante
años se les tiene a la espera de que el indulto se formalice o de que
entren en la cárcel.
En el plano sindical, todo ello pretende atemorizar a la clase
trabajadora y desmovilizar a los colectivos que luchan en defensa de sus
derechos y reivindicaciones.
Por todo ello, la Confederación Intersindical se compromete a apoyar
dentro de sus posibilidades los cambios legislativos que corrijan estas
situaciones, así como a defender la aplicación del las máximas garantías
procesales en todos los conflictos de tipo laboral en o social de este
tipo de los que tengamos constancia.
Igualmente se compromete a apoyar los indultos individualizados de
aquellas personas que mientras se produzcan estos cambios caigan dentro
de procesos en los que han sido injustamente condenados.
POR LA HOMOLOGACIÓN SIN CONTRAPARTIDAS DEL PROFESORADO NO UNIVERSITARIO
DE CANARIAS
El STEC-IC, junto con el resto de organizaciones sindicales con
presencia en el ámbito de la Educación Pública Canaria, han impulsado
desde el curso pasado un intenso proceso de movilizaciones en demanda de
la Homologación sin contrapartidas del profesorado canario con el resto
de empleados públicos con igual categoría y titulación de nuestra
Comunidad Autónoma. Dicha reivindicación ha obtenido un amplísimo
respaldo entre los 25000 docentes de Canarias reflejado en el masivo
seguimiento obtenido por las cuatro jornadas de huelga celebradas hasta
la fecha, en el ámbito de la Educación Pública Canaria, así como en las
últimas manifestaciones celebradas en todas las capitales insulares,
durante el pasado 8 de noviembre y resto de acciones desarrolladas.
El derecho a la homologación retributiva del profesorado canario fue
reconocido en el año 1991 por el Gobierno y el Parlamento de Canarias a
través de la correspondiente norma legal que permitió homologar al
conjunto de los docentes canarios en el transcurso del periodo 1991 –
1995. Sin embargo, desde este último año hasta la fecha, las
retribuciones de los docentes canarios adscritos a la Consejería de
Educación del Gobierno de Canarias se han quedado estancadas en relación
a las de los compañeros y compañeras del resto de consejerías
Autonómicas. Ello ha conducido a una verdadera discriminación
retributiva que ciframos actualmente en una diferencia mínima de 400
euros brutos mensuales, entre el salario de un docente canario y el de
un funcionario de cualquier otra Consejería con igual titulación y
categoría. Dicha diferencia, tomando como referencia la totalidad de la
vida laboral de un docente, resulta similar respecto a la media de las
retribuciones de los docentes del Estado Español.
Ante las reiteradas propuestas de diálogo y negociación, puestas
sobre la mesa por el STEC-IC y el Comité de Huelga al objeto de
dignificar las retribuciones del profesorado canario, la Administración
Educativa y el Gobierno de Canarias, sustentado por el pacto de derechas
conformado por Coalición Canaria y el Partido Popular, ha mostrado su
lado más reaccionario situándose en posiciones de absoluta
intransigencia al negarse reiteradamente a abrir una mesa de negociación
real y efectiva que, desde el consenso y el diálogo, conduzca a una
solución razonable del conflicto planteado. Muy por el contrario, en las
difusas propuestas realizadas por los representantes de la
Administración, siempre ha estado presente el intento de vincular la
demanda de homologación con inaceptables contrapartidas así como con el
futuro Estatuto Docente.
Dentro de una clara estrategia de vincular la Educación Pública con
la conflictividad y el fracaso escolar, al objeto de ir generando
condiciones sociales que justifiquen su progresivo desmantelamiento en
favor del sector privado, el Gobierno de Canarias ha optado por
alimentar la confrontación y la crispación frente al diálogo y la
moderación. Prueba de esto último ha sido la reciente publicación, en
todas las contraportadas de la prensa escrita de Canarias, de un
remitido a toda página sufragado con fondos públicos (con un gasto
cercano a los 40000 euros) dirigido a los padres y madres de nuestro
alumnado, plagado de datos inciertos e injurias hacia los 25000 docentes
de Canarias, en un claro intento de confrontarnos y desacreditarnos
frente a los padres y madres y al conjunto de la sociedad en general.
Tal inaudito e irresponsable proceder, sin precedentes en la reciente
historia de Canarias, ha merecido la mayor de las repulsas desde nuestra
organización y del conjunto del profesorado canario amén de las
correspondientes demandas por injurias y posible uso fraudulento de
fondos públicos, junto con la exigencia de dimisión inmediata de la
máxima responsable de la Consejería de Educación. Ello, además, ha
supuesto la concreción de nuevas medidas de presión por parte del Comité
de Huelga que conducirán, si no media acuerdo previo, a la paralización
de la Educación Pública Canaria durante el segundo trimestre del curso
escolar.
En función de todo lo anterior, el IX Congreso de la Confederación
Intersindical acuerda:
1.- Denunciar la actitud de irresponsabilidad e intransigencia de la
Consejería de Educación y del Gobierno de Canarias en su conjunto, al
negarse a iniciar un proceso de diálogo que pueda conducir en un tiempo
prudencial a una solución razonable y negociada del conflicto planteado.
2.- Denunciar la inaudita actitud de irresponsabilidad adoptada por
la actual Consejera de Educación del Gobierno de Canarias consecuencia
directa del interés existente, entre los sectores reaccionarios de
nuestro archipiélago, por desacreditar y desestabilizar el Servicio
Público Educativo.
3.- Apoyar la demanda de dimisión o cese inmediato de la máxima
responsable de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias
realizada por el STEC-IC y el Comité de Huelga en su conjunto.
4.- Apoyar la justa demanda de homologación sin contrapartidas de los
docentes canarios, con el resto de empleados públicos de igual categoría
y titulación de la Comunidad Autónoma Canaria. En este sentido, animamos
a todo el profesorado canario a continuar luchando por la calidad
educativa de la Escuela Pública Canaria, la paralización del Estatuto
Docente y la consecución de la justa reivindicación de Homologación sin
contrapartidas del profesorado canario.
Al Ministerio de Asuntos Exteriores
COLOMBIA: INSEGURIDAD DEMOCRÁTICA
Colombia es uno de los países más peligrosos
del mundo para el ejercicio del sindicalismo o la defensa de
los derechos humanos. Lo prueban los 750 sindicalistas
asesinados en la más absoluta impunidad tan sólo durante el
gobierno del Sr. Álvaro Uribe Vélez, o las más de 11.000
personas asesinadas o desaparecidas en los últimos cinco
años.
Numeroso organismos nacionales e
internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, o la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en un informe reciente, han denunciado y
condenado la connivencia entre grupos paramilitares y la
fuerza pública y el ejército colombiano en la perpetración
de muchos de estos crímenes que incluyen masacres,
ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Crímenes que a menudo se intentan camuflar como el resultado
del enfrentamiento armado con fuerzas guerrilleras mediante
el burdo procedimiento de vestir los cadáveres de civiles
con uniformes guerrilleros.
Además de los asesinatos hay centenares de
casos documentados que incluyen acoso, amenazas, torturas y
desapariciones forzadas, siendo los sectores más afectados
los de la enseñanza, incluidos estudiantes, la salud y el
agrario.
La Ley de Justicia y Paz del gobierno de
Uribe, para desmovilizar a los grupos paramilitares, que él
insiste en defender no ha cambiado la realidad. Bien al
contrario, se están reorganizando y continúan actuando, la
mayoría de las veces con total impunidad por lo que muchos
sindicalistas y defensores de los derechos humanos viven
bajo la amenaza permanente de dichos grupos paramilitares
cuya actividad se ha incrementado en los últimos meses.
Ante la impunidad que campea dentro de
Colombia, varias organizaciones de derechos humanos han
comenzado a presentar casos muy graves ante la Corte Penal
Internacional.
En solidaridad con nuestras compañeras y
compañeros sindicalistas y defensores de los derechos
humanos en general en Colombia, la Confederación
Intersindical
RESUELVE:
Solicitar del gobierno español en su
relación política con Colombia que suspenda su apoyo a la
Ley de Justicia y Paz por la que miles de crímenes quedan
impunes y por no garantizar a las víctimas su derecho a la
verdad, justicia y reparación. En este sentido, debe revisar
su política de venta de armamento a dicho país.
Que ejerza su influencia para instar al
gobierno colombiano a que cesen las violaciones
generalizadas de los derechos humanos depurando las
instituciones que colaboren en las mismas y solicitando que
se investiguen, juzguen y, en su caso, condene, a todos los
responsables de dichas violaciones.